Al igual que ustedes finalicé el 2008 y empecé el 2009 entre el asombro, la perplejidad y el miedo. La crisis financiera que atraviesa el mundo desde finales de 2008 es resultado de eventos anunciados con respetable anticipación: hace 80 años, cuando el economista británico John Maynard Keynes sustentó las tesis por las cuales era inviable a nivel social un sistema de libre mercado (representante de los intereses privados) de corte salvaje y sin controles del Estado (representante de los intereses públicos).
El regreso a una lógica económica que beneficia a pocos y lesiona a muchos pasó su onerosa factura y los Estados de todo el mundo, incluido el costarricense, han salido a rescatar a los multimillonarios consorcios industriales, banqueros y financieros con recursos que provienen de los impuestos que pagamos como ciudadanía; es decir, quienes vivimos vidas ordinarias y sin opulencia, en trabajos muchas veces poco remunerados y otras tantas sin acceso a educación básica, servicios de salud ni a un sistema mínimo de pensiones.
La triste historia de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas vuelve a hacerse presente en los anales de la historia, hoy llamada “rescate financiero”, pero que en el pasado tuvo otros nombres… Sin duda, ustedes saben algunos de los muchos nombres del abuso, la explotación, la esclavitud y el robo a “mano armada” de las muchas “matáncicas” que tiene la “histórica en sus pagínicas bien imprentádicas”, como bien dijera la poetiza y folclorista chilena, fundadora de la música popular de ese país, Violeta Parra (Véase al respecto: http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_Parra.
Otra amarga sorpresa fue el terremoto del pasado 8 de enero, cuyas consecuencias sociales, económicas y personales apenas empiezan a manifestarse. Ese evento mostró que no estamos preparados como país para contrarrestar las secuelas de una catástrofe natural de esa envergadura. La prueba de ello son comunidades en zonas de alto riesgo sísmico, viviendo en construcciones inadecuadas y sobre terrenos vulnerables, que tampoco contaban con planes de emergencia ni estrategias básicas de evacuación y supervivencia. Pese a los esfuerzos del gobierno y la ciudadanía, y a la cantidad de héroes y heroínas anónimos que han estado hombro a hombro con quienes perdieron a sus seres queridos y quedaron sólo con lo que llevaban puesto, la lección a aprender como país es ineludible.
Esta tragedia nos ha unido como nación y ha expuesto las dos caras de la moneda: mientras unas personas ayudan y se solidarizan con las víctimas y los sobrevivientes en un profundo reconocimiento y respeto de su dolor, otros aprovechan para robar y saquear… Cuando supe de esta realidad por medio de las noticias cobré conciencia de lo deteriorada y deshumanizada que está mucha gente en Costa Rica… No olvidemos que para muchos costarricenses y extranjeros a quienes nuestro país abrió sus puertas para que rehicieran sus vidas valoran poco o nada el trabajo, la dignidad, la vida y el sufrimiento de los demás. Esos: los sin escrúpulos, salieron a poner la triste nota de un sector de la sociedad que se esfuerza no en el trabajo ni en ser solidarios, sino en el abuso, el irrespeto por los demás, la vida fácil y la obscena actitud de aprovecharse de la vulnerabilidad ajena: algo que no es difícil con un arma en la mano o después de un terremoto en la zona de epicentro… Pero esto pasa todos los días en nuestras calles, barrios y ciudades, aunque no tiemble...
La delincuencia es un sismo social de escalas mayúsculas que nos roba la paz y la tranquilidad a quienes vivimos en Costa Rica, además de los bienes materiales que tanto cuesta adquirir con honradez, tratando día con día de hacer bien nuestro trabajo. Prevenir y mitigar la delincuencia, que es secuela de tragedias sociales añejas y desatendidas por largo tiempo, sigue como una tarea pendiente en nuestro país. No sé a ustedes, a mí el terremoto me ha hecho reflexionar sobre lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Encontré consuelo porque todavía quedan muchas personas, cientos, miles, cientos de miles y países amigos que creen en la solidaridad y el respeto por la vida, pero, también, una profunda tristeza por la evidencia de que aún en momentos de profundo dolor y sufrimiento de muchos no faltan personas inescrupulosas, capaces de aprovecharse de algo así para sacar provecho y obtener bienes mal habidos…
La labor de rescate y apoyo a las víctimas del terremoto, el trabajo que se ha hecho para ayudar a los animales de la región que sufren también las consecuencias de una catástrofe de magnitudes impensables, el apoyo de gobiernos amigos como el de Colombia y el de los Estados Unidos, así como la ayuda internacional y la apertura de créditos rápidos para eventos de esta naturaleza son signos de esperanza en un mundo en crisis, pero no debemos olvidar la otra cara de la moneda…
Ambas tragedias, una mundial y otra nacional, tienen que ver con la educación y nos compete a quienes estamos involucrados en ella aprender las lecciones que subyacen a situaciones como las mencionadas, sin olvidar otras tragedias como la que ocurrió en Gaza o el cambio climático que sigue su curso: ambas situaciones cobran vidas y dejan secuelas económicas, sociales y humanas iguales o peores a las del terremoto del 8 de enero.
Lo que hemos vivido en los últimos meses tiene que ver con la educación por varias razones. La primera y más importante es porque la educación, como sistema e institución pública, tiene una función básica: la socialización secundaria. Además de que los niños, niñas y jóvenes aprendan conocimientos y competencias académicas deben desarrollar competencias y conocimientos sociales que les permitan ser personas felices y útiles a la sociedad. Pese al esfuerzo hecho hasta ahora los resultados al respecto son insuficientes. La calidad, pertinencia y equidad de la educación pública tiene problemas, pero particularmente son evidentes en primaria y secundaria. Por el contrario, la educación privada tiene problemas, especialmente, en educación superior, que es donde se forman muchos maestros, maestras, profesoras y profesores sin que haya criterios auténticos para certificar la calidad y pertinencia de la formación ni la idoneidad profesional.
La formación de formadores en los niveles inicial y en servicio se debe revisar para garantizar la calidad e idoneidad profesional. El Ministerio de Educación Pública es el llamado a intervenir y articular este esfuerzo, que es condición necesaria para poner la educación nacional, pública y privada, a la altura de los tiempos. No es posible que haya maestros, maestras, profesores y profesoras en las aulas que no cuentan con un sistema de evaluación del desempeño ni con planes de mejora continua. Tampoco puede seguir la titulación de educadores y educadoras sin control de los procesos de formación de las universidades, tanto públicas como privadas. Ignorar las consecuencias de estos dos aspectos sólo va a empeorar las cosas en el corto plazo, en términos de rendimiento escolar y académico, calidad de la formación, deserción y pobre desarrollo científico y cultural.
Otra razón es que el sistema educativo público debe velar por la puesta en práctica de un programa de alerta “permanente” ante siniestros, especialmente terremotos. Somos el tercer país del mundo con mayor sismicidad y quedó demostrado el 8 de enero pasado que no podemos bajar la guardia. Hace dos décadas sufrimos eventos sísmicos que tuvieron un impacto enorme en nuestro país. Sin embargo, con el retorno de la calma la tendencia es bajar la guardia y olvidar que vivimos en riesgo permanente de eventos como estos. Educar a la población al respecto evitaría que tragedias de esa magnitud cobraran tantas vidas. La ciudadanía debe entender que respetar la legislación vigente en construcción no es una arbitrariedad, sino el producto de un esfuerzo coordinado de instituciones especializadas como el Colegio de Ingenieros y las universidades públicas. Educar a nuestras niñas, niños y jóvenes al respecto y sobre la necesidad de coordinar procedimientos en las comunidades para actuar en caso de emergencias salvaría vidas y reduciría las pérdidas materiales.
Sé bien que muchas de las necesidades de formación de la ciudadanía se han trasladado a las escuelas y colegios. Muchos docentes, Directores y Directoras de instituciones educativas se manifiestan en contra de ello, argumentando que no es posible abarcar todos los frentes de formación descubiertos desde las instituciones educativas. Eso es cierto, lo que queda pendiente en el sistema educativo público es una revisión profunda del currículo para liberarlo de tantos contenidos inconexos y desarticulados, que aparecen en Internet con un “click”, para dedicar el tiempo lectivo a cosas realmente importantes como “aprender a aprender”, “aprender a convivir” y “aprender a vivir”, si mal no recuerdo, máximas del ideario mundial de la educación para el siglo XXI. A la escuela, al colegio y a la universidad deberíamos ir para aprender y no para obtener información que aparece en la Red.
Del dolor y la crisis no tenemos más opción que salir fortalecidos y enfrentar con valentía y creatividad los desafíos que nos plantean como personas y sociedades. Ojalá estas tristes experiencias nos muevan a la reflexión, pero, sobre todo, a la acción.
El regreso a una lógica económica que beneficia a pocos y lesiona a muchos pasó su onerosa factura y los Estados de todo el mundo, incluido el costarricense, han salido a rescatar a los multimillonarios consorcios industriales, banqueros y financieros con recursos que provienen de los impuestos que pagamos como ciudadanía; es decir, quienes vivimos vidas ordinarias y sin opulencia, en trabajos muchas veces poco remunerados y otras tantas sin acceso a educación básica, servicios de salud ni a un sistema mínimo de pensiones.
La triste historia de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas vuelve a hacerse presente en los anales de la historia, hoy llamada “rescate financiero”, pero que en el pasado tuvo otros nombres… Sin duda, ustedes saben algunos de los muchos nombres del abuso, la explotación, la esclavitud y el robo a “mano armada” de las muchas “matáncicas” que tiene la “histórica en sus pagínicas bien imprentádicas”, como bien dijera la poetiza y folclorista chilena, fundadora de la música popular de ese país, Violeta Parra (Véase al respecto: http://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_Parra.
Otra amarga sorpresa fue el terremoto del pasado 8 de enero, cuyas consecuencias sociales, económicas y personales apenas empiezan a manifestarse. Ese evento mostró que no estamos preparados como país para contrarrestar las secuelas de una catástrofe natural de esa envergadura. La prueba de ello son comunidades en zonas de alto riesgo sísmico, viviendo en construcciones inadecuadas y sobre terrenos vulnerables, que tampoco contaban con planes de emergencia ni estrategias básicas de evacuación y supervivencia. Pese a los esfuerzos del gobierno y la ciudadanía, y a la cantidad de héroes y heroínas anónimos que han estado hombro a hombro con quienes perdieron a sus seres queridos y quedaron sólo con lo que llevaban puesto, la lección a aprender como país es ineludible.
Esta tragedia nos ha unido como nación y ha expuesto las dos caras de la moneda: mientras unas personas ayudan y se solidarizan con las víctimas y los sobrevivientes en un profundo reconocimiento y respeto de su dolor, otros aprovechan para robar y saquear… Cuando supe de esta realidad por medio de las noticias cobré conciencia de lo deteriorada y deshumanizada que está mucha gente en Costa Rica… No olvidemos que para muchos costarricenses y extranjeros a quienes nuestro país abrió sus puertas para que rehicieran sus vidas valoran poco o nada el trabajo, la dignidad, la vida y el sufrimiento de los demás. Esos: los sin escrúpulos, salieron a poner la triste nota de un sector de la sociedad que se esfuerza no en el trabajo ni en ser solidarios, sino en el abuso, el irrespeto por los demás, la vida fácil y la obscena actitud de aprovecharse de la vulnerabilidad ajena: algo que no es difícil con un arma en la mano o después de un terremoto en la zona de epicentro… Pero esto pasa todos los días en nuestras calles, barrios y ciudades, aunque no tiemble...
La delincuencia es un sismo social de escalas mayúsculas que nos roba la paz y la tranquilidad a quienes vivimos en Costa Rica, además de los bienes materiales que tanto cuesta adquirir con honradez, tratando día con día de hacer bien nuestro trabajo. Prevenir y mitigar la delincuencia, que es secuela de tragedias sociales añejas y desatendidas por largo tiempo, sigue como una tarea pendiente en nuestro país. No sé a ustedes, a mí el terremoto me ha hecho reflexionar sobre lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Encontré consuelo porque todavía quedan muchas personas, cientos, miles, cientos de miles y países amigos que creen en la solidaridad y el respeto por la vida, pero, también, una profunda tristeza por la evidencia de que aún en momentos de profundo dolor y sufrimiento de muchos no faltan personas inescrupulosas, capaces de aprovecharse de algo así para sacar provecho y obtener bienes mal habidos…
La labor de rescate y apoyo a las víctimas del terremoto, el trabajo que se ha hecho para ayudar a los animales de la región que sufren también las consecuencias de una catástrofe de magnitudes impensables, el apoyo de gobiernos amigos como el de Colombia y el de los Estados Unidos, así como la ayuda internacional y la apertura de créditos rápidos para eventos de esta naturaleza son signos de esperanza en un mundo en crisis, pero no debemos olvidar la otra cara de la moneda…
Ambas tragedias, una mundial y otra nacional, tienen que ver con la educación y nos compete a quienes estamos involucrados en ella aprender las lecciones que subyacen a situaciones como las mencionadas, sin olvidar otras tragedias como la que ocurrió en Gaza o el cambio climático que sigue su curso: ambas situaciones cobran vidas y dejan secuelas económicas, sociales y humanas iguales o peores a las del terremoto del 8 de enero.
Lo que hemos vivido en los últimos meses tiene que ver con la educación por varias razones. La primera y más importante es porque la educación, como sistema e institución pública, tiene una función básica: la socialización secundaria. Además de que los niños, niñas y jóvenes aprendan conocimientos y competencias académicas deben desarrollar competencias y conocimientos sociales que les permitan ser personas felices y útiles a la sociedad. Pese al esfuerzo hecho hasta ahora los resultados al respecto son insuficientes. La calidad, pertinencia y equidad de la educación pública tiene problemas, pero particularmente son evidentes en primaria y secundaria. Por el contrario, la educación privada tiene problemas, especialmente, en educación superior, que es donde se forman muchos maestros, maestras, profesoras y profesores sin que haya criterios auténticos para certificar la calidad y pertinencia de la formación ni la idoneidad profesional.
La formación de formadores en los niveles inicial y en servicio se debe revisar para garantizar la calidad e idoneidad profesional. El Ministerio de Educación Pública es el llamado a intervenir y articular este esfuerzo, que es condición necesaria para poner la educación nacional, pública y privada, a la altura de los tiempos. No es posible que haya maestros, maestras, profesores y profesoras en las aulas que no cuentan con un sistema de evaluación del desempeño ni con planes de mejora continua. Tampoco puede seguir la titulación de educadores y educadoras sin control de los procesos de formación de las universidades, tanto públicas como privadas. Ignorar las consecuencias de estos dos aspectos sólo va a empeorar las cosas en el corto plazo, en términos de rendimiento escolar y académico, calidad de la formación, deserción y pobre desarrollo científico y cultural.
Otra razón es que el sistema educativo público debe velar por la puesta en práctica de un programa de alerta “permanente” ante siniestros, especialmente terremotos. Somos el tercer país del mundo con mayor sismicidad y quedó demostrado el 8 de enero pasado que no podemos bajar la guardia. Hace dos décadas sufrimos eventos sísmicos que tuvieron un impacto enorme en nuestro país. Sin embargo, con el retorno de la calma la tendencia es bajar la guardia y olvidar que vivimos en riesgo permanente de eventos como estos. Educar a la población al respecto evitaría que tragedias de esa magnitud cobraran tantas vidas. La ciudadanía debe entender que respetar la legislación vigente en construcción no es una arbitrariedad, sino el producto de un esfuerzo coordinado de instituciones especializadas como el Colegio de Ingenieros y las universidades públicas. Educar a nuestras niñas, niños y jóvenes al respecto y sobre la necesidad de coordinar procedimientos en las comunidades para actuar en caso de emergencias salvaría vidas y reduciría las pérdidas materiales.
Sé bien que muchas de las necesidades de formación de la ciudadanía se han trasladado a las escuelas y colegios. Muchos docentes, Directores y Directoras de instituciones educativas se manifiestan en contra de ello, argumentando que no es posible abarcar todos los frentes de formación descubiertos desde las instituciones educativas. Eso es cierto, lo que queda pendiente en el sistema educativo público es una revisión profunda del currículo para liberarlo de tantos contenidos inconexos y desarticulados, que aparecen en Internet con un “click”, para dedicar el tiempo lectivo a cosas realmente importantes como “aprender a aprender”, “aprender a convivir” y “aprender a vivir”, si mal no recuerdo, máximas del ideario mundial de la educación para el siglo XXI. A la escuela, al colegio y a la universidad deberíamos ir para aprender y no para obtener información que aparece en la Red.
Del dolor y la crisis no tenemos más opción que salir fortalecidos y enfrentar con valentía y creatividad los desafíos que nos plantean como personas y sociedades. Ojalá estas tristes experiencias nos muevan a la reflexión, pero, sobre todo, a la acción.